El Sinchi, la voz de Cataluña
Uno de los personajes más llamativos de la película que recreaba la novela de Mario Vargas Llosa Pantaleón y las visitadoras es Germán Láudano Rosales, el Sinchi, propietario y locutor de Radio Amazonia, hipócrita periodista que, tal y como lo describe José Miguel Oviedo* excita desde su horrendo programa las más pobres y ridículas pasiones locales, mientras pone precio a su desaforada defensa del chauvinismo, la moral y el orden públicos: es a la vez la cúspide y la excrecencia de una subcultura.
El editorial de los 13 de la semana pasada me recuerda a la voz del Sinchi, que resonaba a través de los megáfonos situados por el pueblo, dando por supuesto que él era la voz de la Amazonía mientras mermaba por aquí y por allá. Y me recuerda al Sinchi sobre todo por erigirse en voz del pueblo catalán, cuando si nos ponemos a contar, fueron más los catalanes que aprobaron la Constitución que los que dieron su sí al Estatuto. Y también estos trece periódicos merman por aquí y por allá, sacando subvenciones del gobierno de la nación y de la Generalitat catalana que, como como ya es costumbre por aquellos lares, cumplirá y pagará en el 2010, 90 millones de euros entre subvenciones, publicidad y campañas a la prensa local. No hay que olvidar que a la cabeza de esta maniobra están los hermanos Nadal, el consejero y el periodista director de uno de los 13. ¿Creen ustedes que habrán tenido algún tipo de presión para unirse al carro los periódicos de poca tirada que necesitan la financiación publica para seguir adelante?
Bien es verdad que dicen verdades como puños acerca del Tribunal Constitucional y ponen encima de la mesa la credibilidad actual de esta institución encargada de velar por el orden constitucional de España. Pero qué se puede esperar de un organismo estatal cuya presidente está denunciada por no abstenerse en la votación que puso en libertad a la mesa de HB, en la que estaba Karmelo Landa, etarra, es decir, asesino. María Emilia Casas, reñida públicamente por misteriosas razones en el desfile de la Hispanidad en el 2007, es la misma cuyas conversaciones con una mujer que ordenó el asesinato de su marido, pusieron en jaque su puesto.
Además de la presidente, el Tribunal Constitucional cuenta con Pascual Sala, que ya en 1991 intervino en el Parlamento español exonerando a las fuerzas políticas de las posibles irregularidades en la financiación, y que a los pocos meses exculpó al PSOE del escándalo FILESA relacionado con sus cuentas. Este juez es el mismo que evitó que el gobierno le entregara los papeles del CESID relativos al GAL al juez Garzón y, no contento con eso, pidió al fiscal general Granados que actuara contra El Mundo, cuando este periódico criticó esa decisión judicial.
Como presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sala declaró que el poder judicial no ha de plantearse ninguna confrontación con el poder, sino que debe coordinarse con él, lo cual parece que es su misiva.
Además de estas dos perlas está Eugeni Gay Montalvo quien dirigía un despacho de abogados (Gay-Vendrell) que ofrecía, entre otros servicios, la presentación de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (siendo él magistrado), entre otros a la federación de pensionistas vascos y a los pensionistas catalanes, que querían cobrar el 100% de la pensión jubilándose a los 65 años.
Dentro del Tribunal Constitucional se han cocinado las mismas venganzas que una trama novelesca pero en clave política. Meses antes de caer Aznar, se presentó ante este Tribunal un recurso de amparo para impugnar el Plan Ibarretxe. El magistrado Vicente Conde Martínez-Hijas rechazó a trámite dicho recurso. Ganó Zapatero, el Plan Ibarretxe salió adelante y, cuando se planteó la sucesión de María Emilia Casas, el magistrado conservador Rodríguez-Zapata, contra todo pronóstico, votó a Casas en lugar de votar a Conde (más moderado) como venganza. Para templar gaitas, Conde votó a favor de la recusación de Pérez-Tremps en la votación acerca del Estatuto de Cataluña.
La falta de coherencia de muchos de los magistrados del Tribunal Constitucional lo muestra el caso de Elisa Pérez Vera, magistrada valedora del Estatuto, quien en 1996 denunció la inconstitucionalidad de la cesión de impuestos a las comunidades autónomas, invocando los principios de unanimidad y solidaridad y animaba a la Junta de Andalucía a defender dichos principios...¡ante el Tribunal Constitucional!
Nadie puede plantearse que este Tribunal está reteniendo el Estatuto para leerlo más veces. Se trata, claramente de un asunto político, y en eso la editorial tiene toda la razón. La minoría independentista está jugando al mismo juego que jugaron los padres de nuestra Constitución cuando escribieron nacionalidades en vez de nación para salir del paso, y así en el Estatuto se lee:
El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad. Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el de multilateralidad.
Que no deja demasiado claro de qué hablamos. También es curioso este párrafo que se refiere a la posibilidad de reforma de los Títulos I y II del Estatuto (derechos, deberes, principios rectores e instituciones, es decir, lo gordo):
La iniciativa de la reforma corresponde al Parlamento de Cataluña, a propuesta de una quinta parte de sus Diputados, y al Gobierno de la Generalitat. Los ayuntamientos de Cataluña pueden proponer al Parlamento el ejercicio de la iniciativa de reforma si así lo solicita un mínimo del 20 por ciento de los plenos municipales, que representen a un mínimo del 20 por ciento de la población. También pueden proponerla 300.000 firmas acreditadas de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto.
Lo que lleva a pensar si el Estatuto no es algo transitorio que va a ir más allá en cuanto se presione lo suficiente en las cortes catalanas.
También es llamativa la postura respecto a la Unión Europea que parece que deja más claro quién manda aquí:
La posición expresada por la Generalitat es determinante para la formación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o iniciativa europeas se pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de especial relevancia para Cataluña. En los demás casos, dicha posición debe ser oída por el Estado.
Que viene a decir que cuando lo que se decide en Europa afecta en exclusiva a Cataluña, el Estado español al que pertecece Cataluña debe hacerse a un lado y que decida la Generalitat. Que algunos pensarán "pues eso, que decidan los catalanes". Y ahí está el problema: la Generalitat no son los catalanes, el gobierno español no son los españoles, los 13 periódicos no son la opinión de los catalanes y el Sinchi no era la voz de la Amazonía.
Así me lo dicen mis amigos catalanes en Facebook: hay muchos menos independentistas de lo que parece.
Pues nada, a ver si se enteran los independentistas...
*José Miguel Oviedo, Mario Vargas Llosa, la invención de una realidad, Barcelona: Barral, 1977
El editorial de los 13 de la semana pasada me recuerda a la voz del Sinchi, que resonaba a través de los megáfonos situados por el pueblo, dando por supuesto que él era la voz de la Amazonía mientras mermaba por aquí y por allá. Y me recuerda al Sinchi sobre todo por erigirse en voz del pueblo catalán, cuando si nos ponemos a contar, fueron más los catalanes que aprobaron la Constitución que los que dieron su sí al Estatuto. Y también estos trece periódicos merman por aquí y por allá, sacando subvenciones del gobierno de la nación y de la Generalitat catalana que, como como ya es costumbre por aquellos lares, cumplirá y pagará en el 2010, 90 millones de euros entre subvenciones, publicidad y campañas a la prensa local. No hay que olvidar que a la cabeza de esta maniobra están los hermanos Nadal, el consejero y el periodista director de uno de los 13. ¿Creen ustedes que habrán tenido algún tipo de presión para unirse al carro los periódicos de poca tirada que necesitan la financiación publica para seguir adelante?
Bien es verdad que dicen verdades como puños acerca del Tribunal Constitucional y ponen encima de la mesa la credibilidad actual de esta institución encargada de velar por el orden constitucional de España. Pero qué se puede esperar de un organismo estatal cuya presidente está denunciada por no abstenerse en la votación que puso en libertad a la mesa de HB, en la que estaba Karmelo Landa, etarra, es decir, asesino. María Emilia Casas, reñida públicamente por misteriosas razones en el desfile de la Hispanidad en el 2007, es la misma cuyas conversaciones con una mujer que ordenó el asesinato de su marido, pusieron en jaque su puesto.
Además de la presidente, el Tribunal Constitucional cuenta con Pascual Sala, que ya en 1991 intervino en el Parlamento español exonerando a las fuerzas políticas de las posibles irregularidades en la financiación, y que a los pocos meses exculpó al PSOE del escándalo FILESA relacionado con sus cuentas. Este juez es el mismo que evitó que el gobierno le entregara los papeles del CESID relativos al GAL al juez Garzón y, no contento con eso, pidió al fiscal general Granados que actuara contra El Mundo, cuando este periódico criticó esa decisión judicial.
Como presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sala declaró que el poder judicial no ha de plantearse ninguna confrontación con el poder, sino que debe coordinarse con él, lo cual parece que es su misiva.
Además de estas dos perlas está Eugeni Gay Montalvo quien dirigía un despacho de abogados (Gay-Vendrell) que ofrecía, entre otros servicios, la presentación de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (siendo él magistrado), entre otros a la federación de pensionistas vascos y a los pensionistas catalanes, que querían cobrar el 100% de la pensión jubilándose a los 65 años.
Dentro del Tribunal Constitucional se han cocinado las mismas venganzas que una trama novelesca pero en clave política. Meses antes de caer Aznar, se presentó ante este Tribunal un recurso de amparo para impugnar el Plan Ibarretxe. El magistrado Vicente Conde Martínez-Hijas rechazó a trámite dicho recurso. Ganó Zapatero, el Plan Ibarretxe salió adelante y, cuando se planteó la sucesión de María Emilia Casas, el magistrado conservador Rodríguez-Zapata, contra todo pronóstico, votó a Casas en lugar de votar a Conde (más moderado) como venganza. Para templar gaitas, Conde votó a favor de la recusación de Pérez-Tremps en la votación acerca del Estatuto de Cataluña.
La falta de coherencia de muchos de los magistrados del Tribunal Constitucional lo muestra el caso de Elisa Pérez Vera, magistrada valedora del Estatuto, quien en 1996 denunció la inconstitucionalidad de la cesión de impuestos a las comunidades autónomas, invocando los principios de unanimidad y solidaridad y animaba a la Junta de Andalucía a defender dichos principios...¡ante el Tribunal Constitucional!
Nadie puede plantearse que este Tribunal está reteniendo el Estatuto para leerlo más veces. Se trata, claramente de un asunto político, y en eso la editorial tiene toda la razón. La minoría independentista está jugando al mismo juego que jugaron los padres de nuestra Constitución cuando escribieron nacionalidades en vez de nación para salir del paso, y así en el Estatuto se lee:
El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad. Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el de multilateralidad.
Que no deja demasiado claro de qué hablamos. También es curioso este párrafo que se refiere a la posibilidad de reforma de los Títulos I y II del Estatuto (derechos, deberes, principios rectores e instituciones, es decir, lo gordo):
La iniciativa de la reforma corresponde al Parlamento de Cataluña, a propuesta de una quinta parte de sus Diputados, y al Gobierno de la Generalitat. Los ayuntamientos de Cataluña pueden proponer al Parlamento el ejercicio de la iniciativa de reforma si así lo solicita un mínimo del 20 por ciento de los plenos municipales, que representen a un mínimo del 20 por ciento de la población. También pueden proponerla 300.000 firmas acreditadas de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto.
Lo que lleva a pensar si el Estatuto no es algo transitorio que va a ir más allá en cuanto se presione lo suficiente en las cortes catalanas.
También es llamativa la postura respecto a la Unión Europea que parece que deja más claro quién manda aquí:
La posición expresada por la Generalitat es determinante para la formación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o iniciativa europeas se pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de especial relevancia para Cataluña. En los demás casos, dicha posición debe ser oída por el Estado.
Que viene a decir que cuando lo que se decide en Europa afecta en exclusiva a Cataluña, el Estado español al que pertecece Cataluña debe hacerse a un lado y que decida la Generalitat. Que algunos pensarán "pues eso, que decidan los catalanes". Y ahí está el problema: la Generalitat no son los catalanes, el gobierno español no son los españoles, los 13 periódicos no son la opinión de los catalanes y el Sinchi no era la voz de la Amazonía.
Así me lo dicen mis amigos catalanes en Facebook: hay muchos menos independentistas de lo que parece.
Pues nada, a ver si se enteran los independentistas...
*José Miguel Oviedo, Mario Vargas Llosa, la invención de una realidad, Barcelona: Barral, 1977
2 comments:
Quizá lo peor de todo este desgraciado incidente del estatuto es que se ha llegado a tal punto de sobresaturación de estudios, comentarios y filtraciones que parece que ya nada pueda salvar el prestigio del T.Constitucional, si es que le quedaba algo.
Desde luego, como dijo en su día el gran JL Rodriguez, la nación catalana es un concepto discutido y discutible.
Yo apoyo firmemente la secesión de Lerida respecto a Cataluña, por ejemplo.
Y, no sólo es dicutido y discutible, sino que es un asunto de futuro, como Brasil...de ahí tanto empeño en inventarse el pasado.
A todos se nos olvida que el nacionalismo,todo nacionalismo, siempre y necesariamente, ha sido y será una concepción totalitaria de la polis, porque es una variedad de la utopía.La "nación por construir", que por definición no existe, sólo llega a existir como cualquier otra variedad de utopía, es decir, por la fuerza despótica y la mentira.
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